La Fiscalía General de la Nación judicializó ante una juez de control de garantías a la funcionaria
judicial Blanca Patricia Márquez Ricaurte, quien está siendo investigada como presunta
responsable del delito de testaferrato.
De acuerdo con la investigación, el 14 de febrero de 2019 la procesada habría adquirido una casafinca en un condominio en Pereira (Risaralda). El costo fue de por 220 millones de pesos, a pesar
de que el valor de dicho bien es cercano a los 1.500 millones de pesos. El pago fue hecho de
contado.
El material de prueba recaudado por el ente investigador determinó que sobre dicho inmueble
existen medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, debido a que el mismo haría
parte del patrimonio ilegal de John Fredy Zapata Garzón, alias Mesi o Candado, presunto
financista y encargado de lavar dinero para la organización criminal Clan del Golfo.
Labores de policía judicial evidencian que la investigada, quien se desempeña como fiscal
asignada a delitos de violencia intrafamiliar en Ibagué (Tolima), habría prestado su nombre para
figurar como propietaria del inmueble, y de esa manera, evadir las acciones que sobre el mismo
pudiera imponer la justicia.
En desarrollo de las audiencias concentradas la juez del caso legalizó la captura de la procesada,
a quien le fue incautado su celular.
Tras audiencia de formulación de imputación la hoy imputada negó su responsabilidad en los
hechos investigados. Por petición de la Fiscalía la juez de control de garantías impuso a Márquez
Ricaurte medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
