La Fiscalía General de la Nación realizó una jornada integral en San Pedro de Urabá (Antioquia)
para atender, orientar y dar respuestas a la comunidad afectada por el actuar criminal de los
integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y de otras estructuras de las extintas
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de
Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) atendieron a 193
víctimas, practicaron entrevistas y tomaron muestras biológicas con el propósito de avanzar
en los procesos de identificación.
De acuerdo con los elementos de prueba, San Pedro de Urabá fue escenario de homicidios,
desplazamientos forzados, casos de desaparición y de violencia basada de generó, entre otras
conductas delictivas perpetradas por los paramilitares en el periodo 1996 – 2002.
Entregas dignas
Durante la jornada se realizaron ceremonias de entrega digna, en las que los familiares de dos
víctimas del conflicto armado recibieron los restos de sus seres queridos.
Se trata de Pedro Pablo Suárez Barba, un agricultor de 42 años que fue llevado en contra de su voluntad por hombres armados que ingresaron a su vivienda la noche del 18 de mayo de 1994. Esta persona
fue localizada en una fosa ubicada en el corregimiento El Tomate, en San Pedro de Urabá.
Lo otros restos correspondían a Jesús María Paternina Páez, un hombre de 48 años que fue
interceptado por un grupo paramilitar mientras se dirigía a la vereda Veñitas, en Chigorodó
(Antioquia).
La estructura ilegal, que pertenecía al denominado Bloque Bananero, lo asesinó
y dejó el cuerpo abandonado. Posteriormente, el presidente de la Junta de Acción Comunal
del sector lo recogió y lo inhumó en una predio.
Entrega de Bienes
Finalmente, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó
al Fondo para la Reparación a las Víctimas cuatro inmuebles ubicados en zona rural de San
Pedro de Urabá, que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por integrantes de las ACCU
y ascenderían en valor a los 3.000 millones de pesos.
Entre las propiedades puestas a disposición sobresalen tres predios avaluados en más de
2.300 millones de pesos, que conforman un globo de terreno en el corregimiento El Tomate.
Los bienes figuraban a nombre de terceros que se habrían prestado para ocultar los recursos
ilícitos de la Casa Castaño; de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias Monoleche; y de la Fundación
para la Paz de Córdoba (FUNPAZCORD).
La jornada integral de atención contó con la participación de la Gobernación de Antioquia,
entidades municipales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
