El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una
situación de macrocriminalidad en Guainía, en la que los exgobernadores Óscar Armando
Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado actuaron en contravía del mandato
constitucional y comprometieron dineros públicos destinados a aliviar las necesidades de la
ciudadanía.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un grupo de policía
judicial, demostró que los dos exfuncionarios se concertaron de manera ilegal, direccionaron
la contratación del departamento entre 2013 a 2019, y desviaron los recursos en beneficio
personal y de los contratistas seleccionados.
De esta manera, quedó al descubierto un acuerdo ilegal. Inicialmente, el exgobernador
Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y
familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de
acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y
población vulnerable.
Por su parte, Zapata Parrado, tan pronto asumió el cargo, dio continuidad a la ‘maraña’ de
contratos que de manera irregular dejó comprometida su antecesor.
Ante la contundencia de las pruebas, los exgobernadores aceptaron mediante preacuerdo su
participación en el entramado de corrupción y se comprometieron a devolver 14.794’564.100
pesos, que corresponden al detrimento patrimonial generado. La Fiscalía dispuso en la
negociación judicial que la suma fijada como reintegro quedará a título del departamento de
Guainía y será orientada a subsanar las deficiencias en bienes y servicios de la ciudadanía, y
culminar todas las actividades y compromisos que no se ejecutaron.
El preacuerdo recibió aval de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de
Justicia. En ese sentido, los exmandatarios Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado deberán
cumplir penas de 11 años y tres meses, y 9 años y un mes de prisión; y pagar multas
equivalentes a 4.103 millones de pesos y 2.036 millones de pesos, respectivamente.
Responsabilidades individuales
Como parte del acuerdo judicial los procesados reconocieron 128 eventos delictivos, de la
siguiente manera:
- Óscar Armando Rodríguez Sánchez, gobernador entre 2013 y 2016, aceptó el delito de
concierto para delinquir agravado, 35 hechos de peculado por apropiación en favor de
terceros, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de
cohecho propio. Por estas conductas, se fijó el reintegro de 9.761’128.118 pesos, de
los cuales ha devuelto más de 6.219 millones de pesos al transferir a nombre del
departamento de Guainía el dominio y propiedad de un inmueble rural. - Javier Eliécer Zapata Parrado, quien ejerció como gobernador en el período 2016 –
2019, reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de
contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de
cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o
constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal.
En la investigación se constató que el entonces mandatario departamental, además de
los actos ilegales detectados en la contratación, pagó a los ciudadanos de distintos
municipios entre 50.000 y 200.000 pesos para que votaran a su favor; y en algunas
oportunidades entregó mercados con ese mismo propósito.
En el preacuerdo el señor Zapata Parrado se comprometió a retornar 5.033’435.982
pesos, de los cuales ha reintegrado más de 3.838 millones de pesos mediante la
transferencia de dominio y propiedad de un bien.
