Bienes avaluados en más de 25.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción de dominio en La Guajira.
Los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisbén, no registraban ingresos financieros formales, ni desempeñaban una actividad económica estable; sin embargo, aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en algo más de 25.000 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio hizo una revisión minuciosa del origen de las propiedades y constató que habrían sido adquiridas con recursos producto del narcotráfico.
Los Pérez Escudero harían parte de un clan familiar señalado de acopiar grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinar su salida marítima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a países de Europa.
En ese sentido, algunos de los bienes detectados fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales materializaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha (La Guajira). Otras propiedades recibieron medidas de carácter jurídico.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades ocupadasLos hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisbén, no registraban ingresos financieros formales, ni desempeñaban una actividad económica estable; sin embargo, aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en algo más de 25.000 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio hizo una revisión minuciosa del origen de las propiedades y constató que habrían sido adquiridas con recursos producto del narcotráfico.
Los Pérez Escudero harían parte de un clan familiar señalado de acopiar grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinar su salida marítima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a países de Europa.
En ese sentido, algunos de los bienes detectados fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales materializaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha (La Guajira). Otras propiedades recibieron medidas de carácter jurídico.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades ocupadas.
