Villavicencio, 15 de julio de 2024. Un llamado urgente a la Agencia Nacional de
Tierras – ANT y a la gobernación del Vichada para trabajar articuladamente por
las necesidades del Pueblo Indígena Sikuani de la comunidad de Barrulia del
municipio de Puerto Gaitán, realizó la Gobernación del Meta y el Ministerio
Público, durante el Consejo Extraordinario Departamental de Derechos Humanos,
Derechos Internacional Humanitario y Paz.
Esta petición se dio, luego de realizarse un seguimiento a los hechos ocurridos
debido al proceso policivo en cumplimiento a un fallo judicial a esta comunidad
que estaba asentada en un bien privado, pero que, desde el 2021 reclaman la
titulación de sus tierras que, según ellos, les dejaron sus ancestros.
En ese sentido, el defensor Regional del Pueblo, Diego Meyer Artunduaga, dijo
que son 100 personas, no 500, ni 400, las que fueron desalojadas y hoy se
encuentran en condición de vulnerabilidad, de la cuales más del 90%
pertenecen al departamento del Vichada, por lo cual hizo un llamado a la
Alcaldía municipal para que, de acuerdo a sus competencias, realice la
atención prioritaria a esta población indígena.
Por su parte, el Gobierno departamental del Meta se comprometió en adelantar
el próximo 23 de julio, con la gobernación del Vichada, el Ministerio Público, ICBF
y Ministerio del Interior, una reunión con el fin de trabajar articuladamente en
acciones que contribuyan a la prevalencia de los derechos de la comunidad de
Barrullia y evaluar en el marco de la ley, el retorno de esta población a su lugar
de origen.
Finalmente, el procurador regional Javier Sandoval, pidió convocar al Comité
Departamental de Justicia Transicional a la Agencia Nacional de Tierras en razón
a que aclaren y determinen unos plazos perentorios a fin de lograr evacuar todas
las solicitudes y demandas que hacen los indígenas con el presunto llamado de
tierras ancestrales
