El material de prueba da cuenta de que alias Cristóbal o El Cucho habría aprobado y compartido la práctica de actos atroces contra mujeres, la mayoría menores de edad.
Luego de valorar los elementos de prueba obtenidos y los testimonios rendidos por exintegrantes del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento y ordenó la captura de Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal o El Cucho, exjefe de esta desmovilizada estructura armada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 1997 y 2007, en Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. El procesado, en su condición de cabecilla, habría auspiciado hechos atroces y de la lesa humanidad contra niñas, adolescentes y mujeres porque hacían parte de los parámetros establecidos por el entonces ERG.
Al parecer, jóvenes fueron reclutadas con engaños o en contra de su voluntad. Asimismo, está documentado que se habrían interrumpido embarazos en medio de amenazas contra las víctimas, tratos degradantes, sin analgésicos ni condiciones mínimas de salubridad, en el entendido de que eran procedimientos realizados en la selva.
Muchas de estas intervenciones forzadas, supuestamente, se realizaron entre 2 y 4 veces a una misma persona.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos resolvió la situación jurídica de alias Cristóbal o El Cucho como presunto coautor de los delitos de:
Reclutamiento ilícito de menores (40 víctimas).
Aborto forzado en persona protegida (34 víctimas).
Homicidio en persona protegida (1 víctima que murió producto de un aborto).
Tentativa de homicidio en persona protegida.
Tortura en persona protegida
Acceso carnal violento en persona protegida
Secuestro.
Concierto para delinquir agravado.
En la decisión, tomada en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), se informa a la Dirección de Justicia Transicional para que verifique si algunos de los hechos identificados en este proceso fueron reconocidos por Olimpo de Jesús Sánchez Caro cuando se postuó a la Ley de Justicia y Paz, en 2008.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
