- Esta acción representa un hito en la resolución de conflictos agrarios en Colombia, en particular en zonas como las ciénagas y playones baldíos de departamentos como Sucre, en donde las tensiones por el acceso a la tierra han perdurado por más de 25 años.
- La resolución de estos casos debe ser priorizada por un juez especializado en la materia; por eso, es imperiosa la necesidad de que la Jurisdicción Agraria sea Ley de la República. Mientras tanto, la ANT hace un llamado a la Rama Judicial para que se atiendan con celeridad los casos agrarios en las instancias ordinarias.
La Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ radicó la primera demanda que busca resolver un conflicto agrario extendido por más de 25 años y poner al servicio de las comunidades campesinas y pesqueras el deslinde de la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, un cuerpo cenagoso situado en el municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre.
Este caso, que cerró su etapa administrativa en diciembre de 2024, involucra 187 hectáreas de tierras públicas ocupadas de manera irregular por hacendados, campesinos y pescadores, donde se han originado muertes a causa de los enfrentamientos sostenidos en el lugar.
“Una de las grandes discusiones en el debate de Reforma Agraria era que el gobierno iba a expropiar y lo que revisamos de manera directa es el robo y acaparamiento sistemático de bienes que son de la Nación, y el que ha sido despojado ha sido el Estado por gente que se ha lucrado de ello, por lo que la jurisdicción agraria es clave para resolver estos conflictos”, dijo Felipe Harman. director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en una rueda de prensa en las instalaciones de la entidad en Bogotá.
Tras evidenciar que hay en esas zonas estigmatización contra el campesinado, persecución sistemática y muerte, agregó que “la ciénaga ha sido acaparada por latifundistas, la llenaron de cercas y ganado, siendo estos baldíos de la Nación. La semana pasada en Ciénaga Grande literalmente tuvimos que reconstruir el deslinde de finales de los 80 y ya recuperamos 1200 hectáreas que estaban ocupadas por latifundistas de la región diciendo que eran de ellos y que el campesino que se involucrara en esos bienes era un invasor”.
Explicó que en el caso de Colén en San Benito Abad es mucho más grave pues ha generado víctimas fatales al movimiento campesino, asesinatos y persecuciones sistemáticas.
“Hoy la Agencia Nacional de Tierras ratifica que esos predios son baldíos de la Nación y en nuestra instancia administrativa mantenemos nuestra posición que deben ponerse en manos de campesinos de forma clara”, puntualizó el director Harman, quien anunció que continuarán en esta labor en las ciénagas y que en los próximos días se hará con la Ciénaga Zapatosa del Cesar donde también vienen ocurriendo situaciones muy delicadas.
A su turno, Nidia Lambraño, lideresa de la Ciénaga Don Antonio y Cholén, quien se dedica al pan coger y pertenece a una familia campesina que habita hace más de 50 años la zona, resistiendo a este tipo de abusos sistemáticos por lo cual perdió a su hermana y a su sobrino, asesinados por defender sus tierras, describió las tensiones con los latifundistas y el miedo que sienten por sus vidas.
“Nos tratan de invasores. Tengo entendido que los playones son del Estado, de nosotros como familias campesinas. Tenemos todo el derecho de darle el uso del pan coger mientras ellos lo están haciendo para explotación de ganado, para arrendarlo y coger plata. Estamos agradecidos con la Agencia Nacional de Tierras que son los únicos que pueden resolver ese conflicto, esa lucha que ya lleva más de 40 años”, dijo en la rueda de prensa.
Con la radicación de esta primera demanda, la ANT da un paso histórico en la justicia agraria, tras la Sentencia C-294 de 2024 en la que la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia que le habilitaba a decidir de fondo los procesos agrarios, que son casos bajo el Decreto Ley 902 de 2017.
Estos procesos tienen dos fases, una administrativa y otra judicial, y en los cinco años que ha durado la norma, no han avanzado, por lo que la Agencia Nacional de Tierras tiene cientos de casos que llevará a la jurisdicción ordinaria a la espera de su finalización, para la cual se desconoce el tiempo que pueda demorar.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reitera que la Reforma Agraria no solo se lleva a cabo mediante la compra de tierras, sino también de los procesos agrarios, que buscan regularizar y formalizar la propiedad y el uso de tierras con el fin de ofrecer una solución jurídica que brinde garantías para la convivencia pacífica y la reparación de los derechos colectivos a las comunidades históricamente vulneradas.
La primera de cien demandas
Informó que en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional esta es la primera demanda de aproximadamente 100 demandas solicitadas para poder radicar durante este año.
Esta primera demanda, que la Agencia Nacional de Tierras presenta ante la jurisdicción ordinaria debido a la falta de una ley que regule la Jurisdicción Agraria, no solo es una acción jurídica, sino también una medida de protección para las comunidades campesinas y pescadoras de la región.
Además, este caso es emblemático, porque involucra derechos colectivos de comunidades rurales que han sido víctimas de desplazamientos forzados, acaparamiento de tierras y hechos violentos que han ocasionado el asesinato de tres de sus miembros, situaciones que han sido denunciadas ante la Comisión de la Verdad y otras entidades. Por ello, la resolución de este conflicto tiene un valor para la justicia social y la reparación integral de las víctimas en zonas de alta conflictividad agraria.
Los playones comunales, como parte de los bienes públicos, son imprescriptibles, inembargables e inadjudicables, y deben ser destinados al beneficio colectivo, no a intereses privados. Esta es una prioridad para el Gobierno nacional que ha declarado el compromiso de proteger estos recursos naturales como parte de la política agraria del país.
En este sentido, la Agencia Nacional de Tierras hace un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe la Jurisdicción Agraria, que permitirá la creación de jueces especializados en esta materia quienes facilitarán la resolución de los numerosos casos que, como el de la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, requieren de atención urgente. La falta de una Jurisdicción Agraria clara y efectiva, dificulta el acceso a la justicia para las comunidades campesinas, y dificulta la resolución de conflictos agrarios de forma oportuna.
Llamado a la Rama Judicial
A su vez, la ANT insta a la Rama Judicial a que, mientras no se cuente con la Jurisdicción Agraria, se atiendan con celeridad los casos agrarios en las instancias ordinarias. La situación es crítica, y es imperioso que se brinde una respuesta diligente a las comunidades campesinas que llevan muchos años esperando la intervención de la justicia para resolver sus conflictos por el acceso y la restitución de tierras.
La Agencia Nacional de Tierras ratifica su compromiso con la paz territorial, la justicia agraria y la protección de los derechos de las comunidades campesinas y pescadoras que habitan los territorios en conflicto. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio por recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los derechos de las poblaciones vulnerables sean respetados y protegidos.
