“Hemos convertido la entrega y legalización de tierras en instrumento de paz, reparación, dignidad y justicia social para las víctimas, porque en Colombia la paz se hace con tierras, se hace con la Reforma Agraria para promover la reconciliación y la convivencia”: Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de Conflicto Armado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, en un acto de reparación sin precedentes en la historia del país hizo un balance de las tierras que ha entregado a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Mientras durante el gobierno Santos se entregaron 7.083 hectáreas a las víctimas, y en el de Duque 19.910, en lo corrido de la administración del presidente Gustavo Petro ya se ha triplicado lo de su antecesor al haber llegado a las 60.000 hectáreas de tierras.
Además, la ANT ha formalizado más de 1.200.000 hectáreas a víctimas del conflicto, es decir, hoy son dueños legítimos de sus predios.
Por muchos años, la tierra ha sido un factor del conflicto ya que fue considerada objeto de disputa y despojo por parte de grupos armados y terratenientes. Pero ahora, gracias al liderazgo del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien ha impulsado con determinación la Reforma Agraria, se han conformado territorios de paz donde los campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto pueden vivir con dignidad y justicia social.
“Hemos convertido la entrega y legalización de tierras en instrumento de paz, reparación, dignidad y justicia social para las víctimas”, dijo Felipe Harman, director de la Agencia, “porque en Colombia la paz se hace con tierras, se hace con la Reforma Agraria para promover la reconciliación y la convivencia”.
La ANT ha asignado 174.000 millones de pesos a través de un convenio para comprar tierras al Fondo de Reparación de Víctimas que, a su vez, garantiza los recursos para que la Unidad de Víctimas repare directamente a las víctimas.
“Durante más de 18 años, la tierra del Fondo de Reparación estuvo en manos de testaferros y clanes regionales. Las recuperamos como lo hacemos con más de 100.000 hectáreas que estaban en manos de un cartel de tierras y las estamos entregando a familias campesinas y víctimas del conflicto”, puntualizó Harman.
Los mayores casos de reparación van desde las tristemente recordadas masacres de El Aro, en Antioquia; Mapiripán, en Meta; La Mejor Esquina, en Córdoba; hasta la reparación a las víctimas de la antigua Hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar; Las Pavas, en Bolívar; o La América, en Chimichagua, Cesar; y la atención a las víctimas de la crisis humanitaria del Catatumbo, en Norte de Santander, que son solo algunas de las grandes tragedias nacionales.
Masacre de Mejor Esquina es reparada
“Hace 37 años, familias campesinas de Córdoba, fueron víctimas de una de las primeras masacres paramilitares en el corregimiento de Mejor Esquina en la costa Caribe del país. Hoy, junto a la Policía y desde la Agenrecuperamos el predio San Luis de 866 hectáreas, que le perteneció al ex jefe paramilitar alias Macaco y que estaba siendo ocupado indebidamente, para entregárselo a esas familias que vivieron los duros golpes de la violencia. Esta Reforma Agraria no solo entrega tierras, repara y hace justicia social”, dijo, en su red social X, el director de la ANT, Felipe Harman.
Como si se tratase de un lamento, en el que mezclan la tristeza del dolor con la alegría de la llegada del cambio porque, al fin, luego de tantas décadas, son escuchados y atendidos por un gobierno, las víctimas reconstruyeron el momento imborrable: “Cuando veníamos para acá, yo miraba al cielo y decía: Ay Señor gracias, gracias porque vamos a recibir tierra, Padre, nosotros, la gente de Mejor Esquina”, dijo una de ellas, llorando al recibir las tierras por parte de Agencia.
El Aro, otro acto de justicia social
El 20 de agosto de 2024, por primera vez un presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, acompañado del director de la ANT Felipe Harman, llegaron a El Aro, Antioquia, y se ubicaron en una mesa ubicada en la calle, en el sitio donde 27 años atrás, desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en una acción de terror, con lista en mano acusaron y sentenciaron a muerte a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Torturaron y asesinaron en público a 12 habitantes del lugar, desplazaron a otras 1.472 personas y quemaron 42 de las 60 casas del pueblo.
En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “al Estado colombiano por omisión y participación en la masacre de El Aro”. La sentencia le ordenó proveer justicia, “reparar a las víctimas” y “garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean”. Dieciocho años después, el Gobierno Petro fue el único que cumplió con la sentencia.
El Gobierno entregó 52 títulos de propiedad que corresponden a 608 hectáreas, con lo cual podrán acceder a créditos, proyectos productivos y, sobre todo, un retorno seguro a sus territorios. Un mes antes, 35 familias víctimas recibieron 809 hectáreas. A finales de marzo de 2025, y a lomo de mula, les llegaron los títulos de propiedad a otras 43 familias víctimas de la masacre de El Aro.
Víctimas de Bellacruz ahora viven en paz
El pasado 6 de marzo, el Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras, reparó a 49 familias que fueron víctimas de tortura y despojo en la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, y que habían sido torturadas y expulsadas de allí por paramilitares. Ahora, recibieron 628 hectáreas de tierras fértiles en el departamento de Casanare, para sembrar en ellas yuca, plátano y frutales que les garanticen seguridad alimentaria, con lo cual mejorarán su economía rural.
Hasta el centro del Cesar, en el municipio de Chimichagua, llegó el jefe de Estado con el director de la Agencia de Tierras, el 26 de noviembre de 2024, donde entregaron más de 7.500 hectáreas a organizaciones campesinas y rindieron un sentido homenaje a la inmensa cantidad de víctimas de la guerra en este departamento.
Allí mismo, entregaron la finca ‘La América’, de unas 1.500 hectáreas, que fue propiedad del ‘Ñeñe’ Hernández y que ahora pasó a manos de 147 familias. Entre las asociaciones beneficiadas se encuentran la Federación de campesinos de Chimichagua (Fedecamchi), la Comisión de Interlocución,la Asociación de víctimas Agrovicmar, que representa a víctimas del paramilitar Jorge 40; Asocadar, Asocavid y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Costa Azul, de Mancuso, ahora es propiedad de mujeres víctimas del conflicto
En Córdoba, la ANT entregó 114 hectáreas del predio Costa Azul, que perteneció al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a familias campesinas y a 19 mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto de la vereda Las Lomas, en Montería.
La agencia compró el predio al Fondo de Víctimas, y ahora campesinos y víctimas celebran y viven con dignidad en estos territorios de paz. La finca se está transformando en una granja avícola
Las Pavas avanza en el camino de la reparación
Después de 21 años de resistencia contra el desplazamiento y el despojo, la Agencia ha entregado 50 títulos que corresponden a 958 hectáreas a familias que hace parte de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), devolviéndoles las tierras que les fueron arrebatas por paramilitares del emblemático caso de las Pavas en el municipio de El Peñón, del departamento de Bolívar, en 2003.
Durante la jornada, también se realizó la entrega de títulos de propiedad de los predios Chipre 1, Chipre 2 y la Hacienda El Porvenir, beneficiando a 43 familias del municipio de Rio Viejo, en el Sur de Bolívar.
Fincas para la Paz, ante crisis humanitaria en El Catatumbo
El programa Fincas para La Paz de la Agencia Nacional de Tierras, que nació en medio de la conmoción interior decretado por el Gobierno nacional, ha entregado cinco predios a familias víctimas de desplazamiento en la región del Catatumbo.
El director de la ANT, Felipe Harman ha entregado más de 500 hectáreas que benefician a 144 familias de la Asociación para la Unidad Campesina del Catatumbo – ASUNCAT.
El pasado 26 de febrero, se entregaron 100 títulos por 1.282 hectáreas a familias campesinas de Ábrego, San Calixto, La Playa de Belén, Hacarí, Ocaña, La Esperanza y Cáchira (Norte de Santander). El 7 de marzo, se entregaron títulos a 14 familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que representan 596 hectáreas para la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio.
El 8 de marzo en Cúcuta, la Agencia Nacional de Tierras entregó seis títulos, en 71 hectáreas, a igual número de familias de los municipios nortesantadereanos de Gramalote, Bucarasica y Toledo. Una semana después, entregó 20 títulos de propiedad de Entidades de Derecho Público en Sardinata, que corresponden a 17 instituciones educativas, 3 centros de salud y 2 escenarios deportivos de las veredas Cascarillales, Santa Cruz, Andalucía, Filipinas, Miraflores, Paramillo, Las Mercedes, La Pailona, San Martín de La Loba, Planadas, Gallinetas, Bellavista, El Riecito y Luis Vero, del municipio de Sardinata, en el departamento de Norte de Santander.
