Los trágicos hechos de la última semana son un duro aprendizaje para Colombia. Es momento de asumir con plena responsabilidad esta dolorosa lección que la historia nos repite una y otra vez: la fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales. Son los procedimientos constitucionales y legales –tramitados, acordados e instituidos democráticamente– los instrumentos adecuados para frenar la espiral de violencia, muerte y destrucción.
Motivados por este principio inherente a los deberes de la función judicial y en atención al llamado del Gobierno Nacional, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial nos reuniremos este jueves 6 de mayo con el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
Manifestamos solidaridad con el profundo duelo de las familias de las víctimas de la población civil y la Fuerza Pública, gravemente afectadas por los abusos, vandalismo y vulneración de los derechos humanos de estos días.
Instamos a los líderes del país a aplicar genuina empatía en estas mesas de diálogo, participando con lenguaje claro, sincero e impecable, así como a respetar en palabra y obra la postura de quienes piensan distinto, defienden causas divergentes, pertenecen a movimientos sociales y políticos opuestos o reclaman prerrogativas que no se compartan. Y, sobre todo, confiamos en que estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y en el malestar social.
Con absoluto respeto de la autonomía e independencia en la delicada tarea de esclarecer y judicializar los acontecimientos violentos que se vienen presentando, exhortamos a los funcionarios, investigadores judiciales y organismos de control para que adopten medidas urgentes, le den prioridad a esta misión y comuniquen lo más pronto posible sus avances y resultados a la ciudadanía.
Es con la fuerza de la consciencia democrática de cada colombiano que el país corregirá su rumbo hacia la vida, gestionará civilizada e institucionalmente sus conflictos, alcanzará la paz enredada en la polarización política y transitará fortalecido la dramática incertidumbre agravada por la pandemia mundial del Covid–19.
En estos propósitos, la ciudadanía cuenta con el compromiso indeclinable de la presencia del juez, pilar fundamental del Estado de Derecho que, con autonomía, imparcialidad e independencia, garantiza la vigencia de sus derechos.
