Luego de que le solicitaron renunciar al cargo, la exfuncionaria ordenó la terminación
anticipada de 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y celebró en tiempo
‘récord’ los mismos para ampliar el término de ejecución y, presuntamente, garantizar la
permanencia en la entidad de recomendados y de sus colaboradores.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá,
con funciones de control de garantías, a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró,
por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos en
desconocimiento de varias normas y principios esenciales en la contratación pública.
De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó
públicamente la renuncia, la noche del pasado 27 de febrero, la exfuncionaria habría
ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.
Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó
motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y por
instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de
ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la investigación se estableció que, en apenas cuatro días, entre el 2 y 6 de marzo del año
en curso, fueron celebrados los 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo
a la gestión, en aparente desconocimiento de requisitos legales como:
- Ausencia de certificado de insuficiencia o inexistencia de personal de planta para cubrir
las funciones que cumplirían los contratistas. - Falta de justificación de la necesidad de contratar profesionales por prestación de
servicios. - Uso de certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social desactualizadas, que
correspondían a periodos anteriores.
Para la Fiscalía, con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la
continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran
terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte.
Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la señora
Urrutia Ocoró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue
aceptado por la investigada
