Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de las fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Entre los procesados hay personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica. Al parecer, aprovecharon sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales.
La evidencia indica que los dineros producto de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros. Hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2022.
Las ocho personas que harían parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva (Huila).
Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala.
También está el soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, que habría desertado de las fuerzas militares luego de enterarse que era investigado. En el procedimiento de captura presentó una cédula con una identificación que no le correspondía.
