Ante la JEP, los familiares de las víctimas solicitan que se les llame a los altos oficiales para rendir versión voluntaria por los casos de ejecuciones extrajudiciales que presuntamente se cometieron bajo su mando en los llanos orientales con el fin de lograr la verdad e iniciar el camino a la no repetición en Colombia.
Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.
En dos diligencias, que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero, y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, comparecerán voluntariamente los Generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por el caso en Casanare. Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.
El Director Ejecutivo del COFB, César Santoyo Santos, explicó que, el Colectivo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones Quiroz.
“Por más de una década hemos acompañado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Meta y el Guaviare. Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, argumentó Santoyo Santos.
En estos 15 casos hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso administrativo, esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal.
También se ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común como: i). Las víctimas recibieron ofertas de trabajo; ii) Algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; iii) se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y iv) se descubrió que también presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo.
“De igual manera, en estos casos se han encontrado inconsistencias entre las declaraciones de algunos soldados con la información reflejada en los documentos militares, así como irregularidades asociadas al levantamiento de los cadáveres, como haberlos realizado en lugares diferentes a los de ocurrencia de los presuntos combates, lo que permite suponer la intención de distorsionar la forma como ocurrieron los hechos”, afirmó la abogada Olga Naizir, del COFB.
El Colectivo Fals Borda dijo que en varios de los casos existió la desaparición forzada como modalidad de ocultamiento de cuerpos al ser inhumados como no identificados, siendo este un delito de lesa humanidad que no ha sido investigado por la justicia ordinaria.
Los familiares de las víctimas han reiterado a la JEP la importancia que se priorice el departamento del Guaviare dentro del Caso 003, ya que en la justicia ordinaria no ha habido grandes avances en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en esta región del país, por ejemplo, hechos cometidos presuntamente por el Batallón “José Joaquín París”, adscrito a la Cuarta División del Ejército, casos que se encuentran en la absoluta impunidad.
Finalmente, las victimas hacen un llamado a la JEP para que en estas versiones voluntarias se exija la verdad sobre los hechos de casos de falsos positivos ocurridos en el Meta y Guaviare, toda vez que, las madres, esposas e hijas llevan mucho tiempo esperando conocer la verdad y esta situación se agrava por su vulnerabilidad ante el COVID-19, por ser personas mayores con preexistencias médicas.
