En el Ariari hay días en los que la historia parece caminar despacio, como si la tierra misma quisiera escucharla. Días en los que los caminos polvorientos se llenan de campesinos que llegan desde veredas lejanas, con el sombrero en la mano y la esperanza guardada durante años.
Uno de esos días se vivió recientemente en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta, donde cientos de familias campesinas presenciaron un momento que durante décadas parecía improbable: la tierra que trabajaron por años volvía oficialmente a sus manos.
La jornada fue liderada por la Agencia Nacional de Tierras —ANT— y encabezada por su director, Juan Felipe Harman, quien cumplió una agenda territorial en el departamento, dejando claro el compromiso del Gobierno nacional con la Reforma Agraria y la transformación del campo colombiano.
Y los resultados, que han sido constantes en lo que va de la administración Petro, se traducen en cifras concretas: en Puerto Lleras, 413 títulos de propiedad fueron entregados formalmente por la entidad a familias rurales, garantizándoles así seguridad jurídica sobre las tierras que durante años trabajaron sin tener un documento que se las acreditara como propias.
Historias como la de don José, uno de los campesinos beneficiados, reflejan lo que significa este proceso en la vida real de quienes han vivido del campo.
“Uno siempre ha trabajado la tierra con amor, pero tener el papel en la mano es distinto. Es la tranquilidad de saber que lo que uno sembró durante tantos años ahora sí es de uno y de la familia”, dijo mientras sostenía el título de su predio en las manos.
Pero la entrega de tierra es apenas el primer paso.
Junto con la formalización de la propiedad, la ANT también anunció la destinación de más de 2.473 millones de pesos en inversión para proyectos productivos a través de Sembrando Vida, programa con el que busca fortalecer la producción campesina y garantizar que las tierras entregadas se conviertan en motores de desarrollo rural.
Uno de esos proyectos ya se desarrolla, justamente, en Puerto Lleras, donde la Asociación Frutícola de Puerto Lleras (Asofrulleras) recibió $475 millones para la siembra de cultivos de yuca y maracuyá.
Las familias beneficiadas son, principalmente, de la vereda Santuario, donde el proyecto busca consolidar procesos agropecuarios que garanticen seguridad alimentaria, generen ingresos y aporten al fortalecimiento organizativo del campesinado.
“Esto no es un préstamo ni un crédito. Son condiciones de productividad que se entregan para que la asociación establezca cultivos que les permitan vivir dignamente de la tierra”, explicó la coordinadora de Proyectos Productivos de la ANT, Laura Buitrago.
Para muchos campesinos del Ariari, esta seguridad jurídica cambia completamente la forma de mirar el futuro. Ahora pueden acceder a créditos agropecuarios, a asistencia técnica, a programas de desarrollo rural y proyectos productivos que antes estaban fuera de su alcance por no contar con la formalización de sus tierras.
El programa Sembrando Vida, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, busca precisamente que la Reforma Agraria no se limite a la entrega de predios, sino también a garantizar condiciones reales para que el campesinado produzca, genere ingresos y fortalezca la economía rural.
“Para mí es un orgullo decir que crecí en el marco de lo que significaban las cosechas del Ariari. Sabemos que la producción de alimentos es lo que hace grande a este país y tenemos que abrazar al campesinado de Colombia en función de ese propósito común”, afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.
En Puerto Lleras, donde el campo ha sido durante décadas el sustento de miles de familias y también escenario de profundas transformaciones sociales, estos actos tienen un significado que va mucho más allá de lo institucional.
Porque detrás de cada título entregado hay historias de resistencia de familias que nunca abandonaron la tierra, de mujeres y hombres que siguieron sembrando incluso en los momentos más difíciles.
“Hoy no solo se entregan tierras y proyectos productivos, hoy se entregan realidades, justicia, equidad y futuro”, aseguró la presidenta de Asofrulleras, Amalia Velandia.
Al final de la jornada, mientras los campesinos regresaban a sus veredas con los documentos en las manos, muchos coincidían en lo mismo: después de tantos años, la tierra comenzaba, por fin, a tener nombre y dueño.
En el Meta, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 1.200 títulos de propiedad durante el Gobierno Petro, lo cual ha permitido formalizar 32.000 hectáreas. También ha concentrado esfuerzos en la recuperación y entrega de tierras: cerca de 35.000 hectáreas.
Es este departamento, donde el campo sigue siendo el corazón de la región, cada título y predios entregados son también una promesa. La promesa de que la Reforma Agraria no es solamente una política pública: es la posibilidad real de que el campesinado vuelva a sembrar futuro en la tierra que siempre ha trabajado.
