Una controversia política de gran escala sacude al Gobierno colombiano y la opinión pública tras fuertes señalamientos cruzados entre el presidente Gustavo Petro y la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, sobre la gestión de interventores en el sistema de salud y posibles irregularidades en la designación de funcionarios.
El conflicto se desató después de que el presidente Petro, en un evento oficial en Casa de Nariño, acusara a Sarabia —quien fue su jefa de gabinete y una de sus colaboradoras más cercanas— de haberle “engañado” al entregar al entonces superintendente Nacional de Salud hojas de vida de interventores que, según Petro, no contaban con su autorización y que habrían generado retrasos de hasta un año en la intervención de las EPS y en la reforma al sistema de salud.
Petro afirmó que esos interventores designados terminaron priorizando negocios propios, lo que afectó el rumbo de la reforma sanitaria y el manejo de recursos públicos. “Esos interventores fueron a hacer ‘business’ con nosotros… usted creyó en eso”, dijo el mandatario, señalando que la situación fue un engaño del que responsabilizó directamente a Sarabia.
Ante estas acusaciones, Laura Sarabia rechazó con firmeza cualquier vínculo con la selección y nombramiento de esos interventores, asegurando que su gestión fue transparentemente documentada y trazable en comunicaciones oficiales, y que nunca participó en ese proceso como algunos han insinuado. En redes sociales afirmó: “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud”.
Además, mediante su abogada, Sarabia **presentó solicitudes formales a la Fiscalía General de la Nación para que se recolecten grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Nariño y se requiera una declaración jurada del presidente Petro, con el fin de esclarecer quién proporcionó realmente las hojas de vida señaladas.
El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, también ha aportado al debate asegurando que las hojas de vida le llegaron desde el entorno cercano a Sarabia, y que las pruebas están ya en manos de la Fiscalía en el marco de las investigaciones sobre las irregularidades.
Analistas políticos consideran que este enfrentamiento interno marca una ruptura significativa dentro del Gobierno, dado que pone en tela de juicio decisiones de alto impacto en uno de los sectores más sensibles para la población y genera cuestionamientos sobre la gestión técnica y política del Ejecutivo
