Este hombre integraría el autodenominado frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de José Armando Carvajal Fernández, alias Flaco Carvajal, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del personero de Cumbitara (Nariño), Jimmy Alejandro Rosero Chávez, ocurrido el 5 de noviembre de 2024.
El material probatorio recopilado estableció que el funcionario adelantaba una visita a víctimas en una vivienda del corregimiento de Sidón, a donde arribó un grupo armado de integrantes de las disidencias de las Farc que se lo llevó en contra de su voluntad.
Posteriormente, fue trasladado a un sector conocido como Puente Rojo en cercanías al corregimiento de Ejido, donde le habrían disparado en múltiples ocasiones causándole la muerte.
Al día siguiente, un grupo de integrantes del CTI, la Policía y el Ejército Nacional intentaron ingresar a la zona para adelantar el levantamiento del cadáver, pero fueron atacados con artefactos explosivos impidiéndoles adelantar el procedimiento. En este hecho resultó gravemente herido un soldado. El cuerpo del personero logró ser extraído del lugar dos días después del crimen.
La investigación determinó que Carvajal Fernández utilizando armas de uso personal y de uso restringido, así como explosivos, habría participado en la ejecución de estos hechos. Este hombre integraría el autodenominado frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
En este sentido, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), le imputó los delitos de homicidio agravado por la calidad de defensor de derechos humanos de la víctima, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; secuestro simple y violencia contra servidor público. Los cargos no fueron aceptados.
Un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, en el entendido que actualmente se encuentra privado de la libertad por el delito de concierto para delinquir y otros ilícitos en los que estaría involucrado.
