El futuro de la elección de la gobernadora del Meta Rafaela Cortés Zambrano, que se decidirá este jueves en la Sección Quinta del Consejo de Estado, ha generado una serie de ruidos y de señalamientos de presunta corrupción que la misma alta corte ha pedido investigar.
Contra Cortés llegaron seis demandas de nulidad electoral que piden tumbar su elección por doble militancia en la modalidad de apoyo. La mandataria registró su candidatura con la coalición “Fe y Firmeza” constituida por el movimiento Creemos y por los partidos Verde Oxígeno, La U, Conservador y Centro Democrático.
Las demandas advierten que la entonces candidata respaldó a aspirantes a alcaldías de otras colectividades políticas en los municipios de Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla La Nueva, en el departamento del Meta. El respaldo se dio, indican las demandas, con su presencia en actos de campaña y con publicaciones en redes sociales.
Concretamente se cita el apoyo de Cortés a Lenito Eliecer Castro, de la Coalición Somos el Cambio; a Jhon Ermel Ríos, de la Alianza Verde; a Fabián Andrés Hernández, de una coalición entre Alianza Verde y Aico; y a Herick Fabián Agudelo, de una coalición entre En Marcha y Colombia Renaciente.
La queja contra sus magistrados que pide investigar el presidente del Consejo de Estado
El ponente en este proceso contra la gobernadora es precisamente el presidente del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra, oriundo de Villavicencio. A la alta corte llegó en diciembre una recusación contra todos los magistrados de la Sección Quinta que expuso presuntos actos de corrupción que el magistrado le pide a la Fiscalía investigar.
«Remitir copia del escrito de recusación a la Fiscalía General de la Nación, para que se cite a declarar al mencionado ciudadano y se hagan las investigaciones a que haya lugar, a fin de que, so pretexto del ejercicio del control ciudadano, no se mancille, impunemente, el nombre de los magistrados que integramos esta alta corporación de justicia», expresó Álvarez refiriéndose al ciudadano Jairo José Medina Méndez, autor de la queja.
La recusación, rechazada por Álvarez, cita que la alta corte realizó el XXX Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Villavicencio y que allí se dieron «…comentarios, intrigas de carácter jurídico y político, de los asistentes de la clase política regional, periodistas, alcaldes municipales y demás asistentes».
Los comentarios apuntaron a que “los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado habían organizado dicho evento en la ciudad de Villavicencio, para, supuestamente, recibir dadivas por parte de la señora gobernadora del Meta y sus más cercanos colaboradores, con el objetivo que la Sala Plena, falle los procesos de nulidad electoral que cursan en su contra por doble militancia”.
“A los magistrados les iban a entregar seis mil millones de pesos, pero como no se pagaron a tiempo, ahora exigían doce mil millones, para fallar a favor de la señora Rafaela Cortez Zambrano», agrega la recusación que remitió el ciudadano Jairo José Medina Méndez.
La recusación también se refirió a la presencia del presidente de la República Gustavo Petro y de su entonces jefa de gabinete Laura Sarabia en los siguientes términos: «presuntamente asistían con el fin de intrigar y convencer a los cinco (5) magistrados del Consejo de Estado ofreciéndoles dádivas, prebendas y puestos burocráticos, con el fin de que fallaran en contra de la actual gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y de esa forma, contrarrestar las supuestas coimas entregadas a los magistrados de la Sección Quinta».
Las demandas que piden tumbar la elección de Rafaela Cortés y la defensa de la Procuraduría
Las acciones judiciales aportaron material sobre el presunto respaldo de Cortés a las campañas. La Procuraduría General de la Nación pidió salvar la elección de Cortés advirtiendo que «no se avizora que la demandada haya gestionado espacios de participación e interlocución para candidatos de diferentes colectividades políticas y, en ese marco, haya procedido a brindarles apoyo particular de manera directa y/o indirecta con actos positivos más allá de toda duda razonable».
Del candidato a la Alcaldía de Puerto López Jhon Emel Ríos se mostró un video de Facebook en el que ambos aparecen en un acto proselitista el 18 de octubre de 2023. «Visualizada la grabación, se destaca que en la grabación la demandada no emite palabra alguna, limitándose su participación a entregar el micrófono al candidato, abrazarlo y levantar la mano conjuntamente», dice la procuradora Idairys Yolima Carrillo.
Sobre el caso del candidato de Cabuyaro Rafael Hernández se presentaron videos de Instagram y TikTok en los que ella expresa “muchísimas gracias, Fabián. A Cabuyaro un abrazo grandísimo. Con ganas de ir a visitarlos, a darles un abracito. A Cabuyaro le va a ir bien en el gobierno de Rafaela Cortés. Un abrazo y bendiciones”.
Para el Ministerio Público, «las manifestaciones de apoyo provienen del candidato hacia la demandada, y no viceversa, hecho que de facto elimina la configuración de la causal de doble militancia invocada».
En la demanda también se anexaron fotos con publicidad electoral en las que aparecen ambos que también fueron desacreditadas por la Procuraduría. «Ese solo elemento no materializa por si solo una muestra de respaldo», indicó la delegada Carrillo.
Y en el caso de candidato a la Alcaldía de Acacías Fabián Agudelo se adjuntaron fotos donde Cortés aparece sosteniendo su mano con el mensaje a “junto a la candidata a la gobernación, Rafaela,
estuvimos haciendo compromisos claros con la comunidad de Acacías. Unidos, trabajaremos por un futuro mejor para nuestra ciudad y para todo el departamento. Nuestro compromiso es firme, y juntos lograremos una Acacías con toda seguridad”.
Pero para la Procuraduría, lo anterior es una manifestación del candidato «no entre campañas, sino hacia la comunidad». Adicionalmente, «se advierte que las palabras de trabajar juntos y unidos, provienen desde la orilla del mencionado candidato, y no desde la de la demandada».
Este expediente, que contó con un señalamiento de presunta corrupción, será decidido en la sala de la Sección Quinta del próximo jueves 6 de febrero.
