La extracción ilegal del mineral durante los últimos seis meses habría llegado a las 800
toneladas. Las rentas ilegales al mes superarían los 400 millones de pesos.
La fiscalía presentó ante un juez de garantías a seis personas presuntamente implicadas en la
extracción ilegal de carbón en zona de exclusión minera, ubicada en la Serranía del Perijá,
(Cesar). Los procesados fueron imputados con delitos de contaminación ambiental por
explotación de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y explotación Ilícita de
yacimiento minero y otros.
Las capturas se hicieron efectivas en un operativo realizado en dos socavones subterráneos.
Los operativos los adelantaron servidores del CTI, en coordinación con el Ejército Nacional.
En el lugar se incautó una motosierra, dos plantas eléctricas, un motor de agua, una pulidora
y elementos para la sustracción ilegal del carbón.
La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección de Delitos contra los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente, evidenció que los socavones ilegales estaban ubicados en la
zona rural de la Jagua de Ibirico, considerada de exclusión minera y territorio ancestral de la
comunidad Yukpa.
Con su actuar, se cree que los procesados afectaron la calidad del agua de la quebrada
Salatiel. Además, se estableció que la extracción de los dos socavones llegó aproximadamente
a 800 toneladas en cerca de seis meses. Esto habría generado rentas ilegales cercanas a los
400 millones de pesos, cada mes.
Un juez de control de garantías impuso a los procesados medida no privativa de la libertad y
no podrán acercarse a los socavones o salir del país. Aunque los investigados negaron su
responsabilidad frente a los delitos imputados, iniciaron un acercamiento con la Fiscalía para
la posibilidad de un preacuerdo y entregar información sobre otros miembros de esta
organización criminal.
