Villavicencio, 11 de julio de 2024. En sesión ampliada del Comité Territorial de
Justicia Transicional con entidades y alcaldes del departamento del Meta, se
socializó el Plan de Acción Territorial (PAT) 2024- 2027, que comprende el Plan de
Prevención a Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y el Plan de Contingencia, los cuales, mediante una
articulación con los entes territoriales, permitirán la ejecución de acciones
concretas en cumplimiento a la Política Pública de Víctimas del conflicto
armado.
En el Plan de Prevención se identificaron escenarios de riesgo como presencia
de disidencias de las FARC, estigmatización y vulneración de derechos a la labor
de líderes y lideresas; criminalidad e inseguridad por la presencia y accionar de
las bandas criminales en el Departamento; por lo cual, se estableció el sistema
de garantías que contempla 35 acciones de prevención de la institucionalidad
para cada uno de los escenarios de riesgo.
Entretanto, el Plan de Contingencia para la atención inmediata de emergencias
humanitarias en el marco del conflicto armado, tendrá una inversión de $309
millones, contemplando componentes y mecanismos de apoyo subsidiario en
ayuda humanitaria de inmediatez individual y masivo, como alimentación, aseo
personal, utensilios de cocina, alojamiento transitorio y transporte de
emergencia. Así mismo, serán destinados $16.887 millones para el auxilio funerario
de las víctimas del conflicto armado; esta ruta de apoyo subsidiario permitirá
brindar una atención efectiva a las víctimas directas del conflicto armado de los
29 municipios del departamento del Meta que no cuenten con la capacidad
financiera para suplir una necesidad de ayuda humanitaria.
En ese sentido, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta, Ingriht Acosta
Carvajal, envió un mensaje a los alcaldes y entidades para trabajar de manera
articulada, al tiempo que reafirmó toda la disposición del Gobierno
departamental para que todas esas acciones establecidas en los diferentes
planes, en cumplimiento de la Política Publica de Víctimas, sean aterrizadas en el
territorio.