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Gobernación del Meta pide habilitar paso de carga agropecuaria ante cierre de la vía Bogotá–Orinoquía

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, bajo el liderazgo de la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, solicitó formalmente al Instituto Nacional de Vías (Invías), al Ministerio de Transporte y al representante a la Cámara Gabriel Parrado, una modificación transitoria de la Resolución 03383 de 2025 que permita la circulación de vehículos de carga agropecuaria en medio de la actual contingencia vial.

La petición surge tras el cierre total de la vía Bogotá–Orinoquía, registrado el pasado 7 de septiembre en el sector de Cuatro Carriles (municipio de Chipaque, Cundinamarca), a causa de un deslizamiento que bloqueó ambos sentidos. Este corredor es la principal conexión entre la capital del país y los Llanos Orientales y, su afectación ha generado graves dificultades logísticas para transportadores y productores, ya que la ruta alterna Villavicencio– Aguazul–Tunja–Bogotá restringe la movilidad de vehículos de categorías C3 hasta C3S3 con cargas superiores a 28 toneladas.

En nombre de los productores agropecuarios del Meta, la Secretaría de Agricultura solicita que, de manera excepcional, se autorice la circulación de este tipo de vehículos dentro de los límites de peso permitidos. Con ello se busca proteger la economía del campo llanero, garantizar el abastecimiento de alimentos y mitigar el impacto negativo en la seguridad alimentaria nacional.

Nuestra misión es garantizar que el campo de los Llanos tenga las condiciones necesarias para producir y comercializar sus cosechas. Esta solicitud responde a una necesidad urgente de conectividad y movilidad para mantener activo el flujo de alimentos hacia los mercados del país”, aseguró Andrés Pardo Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, reiterando el compromiso de la dependencia con el sector productivo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta expresa su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y las entidades competentes, en defensa de los intereses de los productores y del bienestar de las familias campesinas, contribuyendo a la seguridad alimentaria de Colombia.

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