- En desarrollo de la Estrategia Argenta, la Dirección Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio, adelantó la ‘Semana contra la Corrupción’, durante la cual
impactó el patrimonio de personas que estarían implicados en defraudaciones al
erario público. - Se trata de 83 propiedades ubicadas en municipios de Sucre, Arauca, Santander, La
Guajira, Atlántico, Risaralda y en la capital del país. El valor preliminar superaría los
36.620 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio ocupó 83 propiedades que harían parte del patrimonio ilegal de
personas, posiblemente implicadas en actos de corrupción.
Comprometidos en la lucha contra las actividades ilícitas que afectan las arcas del Estado y
en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Corrupción la Fiscalía desplazó
un grupo de fiscales se desplazó a 12 municipios de 7 departamentos donde fueron
impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y
toma de posición sobre los diferentes activos.
Se trata de 69 inmuebles, entre rurales y urbanos; 12 vehículos y 2 sociedades, ubicados en
Sincelejo (Sucre), Arauca (Arauca), Puente Nacional (Santander), Villanueva y Riohacha (La
Guajira); Galapa, Barranquilla, Soledad y Juan de Acosta (Atlántico), Dosquebradas
(Risaralda) y Bogotá. El valor preliminar de los bienes afectados superaría los 36.620
millones de pesos.
A continuación, los operativos uno a uno:
- En Sucre. La Fiscalía identificó propiedades a nombre de los hermanos William David y
Jorge Eliecer Mercado Chenique, investigados por posibles hechos de corrupción
cometidos entre 2013 y 2016. Los dos hombres como directivos de una IPS local habrían
afectado el erario departamental en, al menos, 13.000 millones de pesos sin mediar
contratos suscritos con la Secretaría de Salud de Sucre. - En La Guajira. Las propiedades ocupadas harían parte del patrimonio de exfuncionarios
de Corpoguajira y otros ciudadanos que habrían incurrido en irregularidades superiores
a los 1.823 millones de pesos. De esta manera, la corporación autónoma pagó
actividades y servicios que nunca se prestaron. 13 personas fueron judicializadas por
estos hechos. - En Atlántico y Bogotá. Entre 2013 y 2020 personas naturales, al parecer, crearon sociedades
fachada en Bogotá y Barranquilla a través de las cuales se efectuaron operaciones de ingreso
irregular de calzado, confecciones y textiles por Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y
Barranquilla. En estas acciones estarían involucrados intermediarios y agentes aduaneros;
además de exfuncionarios y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), quienes habrían manipulado los sistemas informáticos de esa entidad. - En Arauca, Santander y Bogotá. La Fiscalía ocupó propiedades a nombre de tres
exfuncionarios de la administración municipal para el periodo 2008 – 2012. Se trata del
exalcalde William Alfonso Reyes Cadena; el exsercretario de Hacienda José Andrides
Cadena García, y del tesorero del departamento Yandres Aníbal Herrera Bernal. Estas
personas habrían giraron 16.000 millones de pesos a una cuenta personal de Héctor
Jairo Bonilla López, los cuales correspondían a los excedentes de las regalías. - En Risaralda. Fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio ocuparon bienes, presuntamente adquiridos con dineros producto del pago
irregular de cesantías, en hechos ocurridos entre 2013 y 2021. La investigación
determinó que Juan Andrés Ulloa Muñoz liquidó indebidamente dicha prestación social
de varios servidores de la alcaldía de Pereira. El monto superó los 1.926 millones. - Atlántico y Bolívar. La Fiscalía determinó que varias personas se concertaron para
cometer los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos
durante los años 2012, 2013 y 2014 que generaron el menoscabo del erario por 20.184
millones de pesos. En este caso se constató que se ordenó a dos entidades de la salud
brindar la atención integral de los pacientes de hemofilia, sin establecer las tarifas y los
precios que debían considerarse para tal prestación.
Estas acciones fueron cumplidas en desarrollo de la estrategia Argenta, diseñada por el
Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las
organizaciones ilegales.
