Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 021 de 2025, por parte del Concejo Municipal de Villavicencio, cerca de 500 personas, que están transitoriamente privadas de la libertad, tienen asegurado el suministro de su alimentación diaria para el resto de esta vigencia.
La iniciativa, presentada a la Corporación por el alcalde Alexander Baquero, fue aprobada para realizar un traslado presupuestal por 4.791 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones se destinarán para cubrir la manutención de esta población.
«La obligación obedece al fenecimiento, este 30 de junio, de la ley 2346 de 2024, por la cual la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tenía esta misión, que ahora deben asumir los entes territoriales, a partir de julio 1 del año en curso», dijo Yolanda Cardona, secretaría de Hacienda de Villavicencio.
A propósito de esta carga presupuestal endosada por el Gobierno nacional, el alcalde Alexander Baquero, apoyado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), intentó sin éxito, junto con los alcaldes de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Popayán, que la medida fuera derogada.
Precisamente, durante el proceso de este proyecto de acuerdo, el Concejo Municipal acompañó la proposición del concejal Carlos Ariel Morales Gil para que el Gobierno central librara de esta obligación a los entes territoriales del país.
Los restantes 2.791 millones de pesos se destinarán a cubrir necesidades del Sisbén y a la formalización y legalización de algunos barrios de la ciudad.
